En agosto de 2004, el Estado Ecuatoriano declaró como política prioritaria el combate a la Trata de personas, Tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral, y otros modos de explotación y prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores (Decreto Ejecutivo No. 1981). Para ello, se creó una Comisión Interinstitucional encargada de la elaboración de un Plan Nacional para combatir todos estos delitos.Dos años más tarde, dicho Plan se aprobó y promulgó (Decreto ejecutivo No. 1823, Registro Oficial # 375, octubre de 2006). El Ministerio de Gobierno, hoy Ministerio del Interior, coordinó las acciones de este Plan hasta el 2009.

La elaboración y puesta en marcha del Plan contra la Trata y otros delitos motivó una serie de acciones que buscaban dar respuestas emergentes y crear mecanismos de coordinación entre diversas instituciones del Estado.La visibilización de la problemática de la Trata de Personas también generó un mayor involucramiento de las instituciones del Estado frente a la protección a las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos.Muestra de ello es que, entre el 2007 y el 2008, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y el Instituto Nacional de la Niñez y la Familia (INFA) empezaron a apoyar con recursos económicos a dos casas de protección especializadas en la atención a adolescentes mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Otras instituciones del Estado también han desarrollado acciones para responder a la problemática de la Trata.

Sin embargo, a los tres años de la promulgación del Plan contra la Trata y otros delitos, se detectaron algunas dificultades y limitaciones y, como consecuencia, se vio la necesidad de actualizar este Plan. Una de las principales dificultades detectadas fue el hecho de que el Plan aprobado en el 2006 estaba enfocado en problemáticas numerosas y complejas (Trata de personas, Tráfico ilegal de migrantes, explotación sexual y laboral, pornografía infantil, corrupción de menores, etc.), lo que no permitía atender de manera profunda y especializada cada uno de los delitos materia del Plan.Una limitación con respecto a la problemática de la Trata era el hecho de que el Plan se concentraba básicamente en la Trata con fines de explotación sexual, mientras quedaban invisibilizadas otras modalidades de este delito.Para dar salida a estas y otras dificultades, se tomó la decisión de adoptar agendas de trabajo específicas, para responder de forma especializada a las diversas problemáticas materia del Plan del 2006.

En 2010, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) asumió la coordinación del Plan contra la Trata y otros delitos.Bajo su liderazgo se conformó un Comité de Actualización del Plan, integrado por representantes de la Secretaría Nacional del Migrantes (SENAMI), Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA), Comisión de Transición hacia el Consejo de la Equidad de Género, Consejo de la Judicatura y Fiscalía Nacional del Estado. Por las circunstancias descritas más arriba, el Comité tomó la decisión de iniciar un proceso de reformulación del Plan y enfocarlo exclusivamente en la problemática de la Trata de Personas, dada la complejidad y especialidad de este delito. Las otras problemáticas abordadas por el Plan del 2006 también están siendo respondidas de manera particular y puntualizada.

La elaboración del Plan Integral contra la Trata de personas siguió un proceso participativo, en el que intervinieron activamente organizaciones de sociedad civil y cooperación Internacional comprometidas con el tema. Varias reuniones de trabajo y entrevistas personales con actores claves –nacionales y locales- se realizaron para el efecto. Con el propósito de desarrollar políticas de Estado basadas en información real y sustentada, la formulación del Plan partió de un diagnóstico preliminar sobre la problemática de la Trata de personas en Ecuador. La elaboración de este Plan también exigió revisar políticas, directrices y planes de acción adoptados a nivel internacional[1].

Los avances de la formulación del Plan integral contra la Trata de personas fueron presentados y socializados en diversas reuniones internas, así como en talleres con representantes de instituciones del Estado, sociedad civil y cooperación internacional.Para asegurar recursos para este Plan y las actividades previstas en la Agenda 2011-2013, se elaboró un proyecto de inversión que fue presentado y luego aprobado por la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES).