En el marco de la celebración de la IV Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir, celebrada en Montecristi (Manabí), el subsecretario nacional de Planificación para el Buen Vivir, Andrés Arauz, expuso sobre los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y la afectación que estos ocasionarían al desarrollo del país.

En su intervención, el subsecretario de la Senplades indicó que “una de las mayores preocupaciones con relación al proyecto político del país tiene que ver con los TBI” y que en ese marco “Ecuador tiene una serie de juicios internacionales en su contra que pondrían en peligro su proceso de desarrollo afectando las capacidades económicas y soberanas de la nación”.

El funcionario indicó a los asambleístas ciudadanos que los TBI buscan la imposición del capital ante el desarrollo de los pueblos: “estos tratados reconocen derechos al capital y tienen una serie de cláusulas que permiten a los capitalistas enjuiciar a los Estados si sienten que esos derechos han sido violados”, agregó.

Sostuvo que en la década de los 90 Ecuador firmó gran parte de los TBI, por parte de gobiernos con ideología neoliberal: “muchos de estos tratados fueron implementados como condición para recibir financiamiento”, dijo

Arauz destacó la decisión tomada por el presidente Rafael Correa, quien acogiendo el pedido de organizaciones sociales apoyó la constitución de una Comisión para la auditoría integral de los TBI (Caitisa). “Esta Comisión está conformada por expertos internacionales de altísimo nivel, delegados de organizaciones sociales y ministros de Estado”, afirmó.

Ecuador ha enfrentado 39 arbitrajes internacionales derivados de los TBI, la mayoría de ellos vinculados a los recursos naturales del país, dado que este es el principal activo que está buscando el capital internacional; y mencionó una serie de casos como OXY, Chevron, Repsol, entre otros.

En el caso de OXY, por ejemplo, Arauz indicó que “el tribunal internacional reconoció que la empresa violó las leyes ecuatorianas, y sin embargo es Ecuador el que debe pagar un monto de 2300 millones de dólares. Ese valor es lo equivalente a todo el presupuesto de salud pública de un año”.

El subsecretario de la Senplades resaltó el esfuerzo impulsado por países de América Latina para la creación de un observatorio internacional de inversiones que monitoree lo que está pasando en el mundo en torno a los TBI, dado esta problemática no solo afecta al Ecuador sino a todos los pueblos del sur del planeta. “Estas son las nuevas amenazas diseñadas por el capitalismo para extraer las riquezas de nuestros pueblos”, sostuvo.

Arauz reflexionó sobre la importancia del empoderamiento ciudadano para el seguimiento de los arbitrajes internacionales que son consecuencia de la suscripción de estos Tratados Bilaterales de Inversión y afectan el desarrollo de las naciones: “el monitoreo de estos arbitrajes debe ser uno de los ejes de trabajo en su agenda como Asamblea Ciudadana para el Buen Vivir, de esto depende mucho nuestro futuro como proyecto político”, finalizó.

FUENTE: SENPLADES