Tras las decisiones económicas adoptadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, integrantes del Frente Económico y el Secretario General de la Presidencia explicaron cada una de las acciones planteadas, esta mañana en el Palacio de Gobierno.

El secretario General de la Presidencia, Eduardo Jurado, aseguró que las medidas de optimización del Estado y reducción del gasto público permitirán un ahorro de $ 1 000 millones, equivalentes a alrededor del 1 % de PIB. Reiteró que las decisiones adoptadas responden a los problemas heredados del Gobierno anterior, que “dejó una economía quebrada con un endeudamiento superior a los $ 60 mil millones”.

Asimismo, detalló que el Ejecutivo prepara las rondas de diálogo, en las que prevé la participación de la mayor cantidad de organizaciones de la sociedad civil, para analizar “el sistema perverso de subsidios”. Como resultado de esas conversaciones, el Gobierno Nacional espera determinar los subsidios susceptibles de focalizar y la manera de hacerlo. Indicó que el incremento en el precio de la gasolina súper se ejecutará una vez que se emita el decreto correspondiente, lo que ocurrirá entre hoy y mañana.

Entre las acciones que se aplicarán para la optimización del Estado especificó la eliminación del pago de planes de telefonía celular para funcionarios de alto rango, el retiro de la seguridad personal (a excepción de las autoridades con algún grado de riesgo), la venta de una parte del parque automotor (alrededor de mil vehículos), además de disminuir el 30 % de gasto por viáticos. Los ministerios se reducirán hasta llegar a la meta planteada de 20 y se elimina el uso del régimen especial en la contratación pública.

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, reconoció que el retiro del Estado de la actividad económica tendrá un efecto de enfriamiento, porque el gasto público genera dinamismo; no obstante, este se amortiguará con la inyección de capitales frescos de inversionistas, y créditos que el Estado ofertará para sectores como la construcción ($ 500 millones), agricultura ($ 200 millones), economía popular y solidaria ($ 235 millones), entre otros.

“Estas decisiones buscan proteger a las personas más vulnerables, por lo que está previsto la restitución del Bono de Desarrollo Humano a personas que perdieron este beneficio, con lo que se llegará a un millón de beneficiarios, los cuales pueden acceder al crédito de emprendimiento ‘Yo Prospero’ cuyo monto es de $ 500, a una tasa preferencial de interés del 5 %”, explicó.

Adelantó que en los próximos días se reunirá el Comité de Deuda para avalar operaciones por unos $ 1 000 millones, de los cuales, el 50 % será con la banca de inversión y la diferencia con organismos multilaterales como Banco Mundial, BID, CAF.

El secretario de Planificación y Desarrollo, José Agusto Briones, explicó que con el proceso de optimización del Estado se busca dar un cambio al diseño institucional. “En los próximos días, una vez emitido el decreto de optimización, se procederá a la creación de las matrices de competencia, la asignación presupuestaria y la elaboración de los manuales de procesos que guiarán a las instituciones que se fusionarán o asumirán las funciones de las entidades que serán suprimidas”, puntualizó.

Especificó que para este proceso se prevé que 900 funcionarios, que están en la estructura de apoyo, dejen el servicio público. Primero se lo hará con quienes tienen contratos ocasionales, luego aquellos con nombramientos provisionales y finalmente con los que poseen nombramientos definitivos, quienes serán indemnizados conforme a lo establecido en la ley. “Este Gobierno no va a cometer ningún atropello al derecho de empleabilidad, pero sobre esto está la disposición presidencial de atender a los que menos tienen, y es en virtud de esta que se ajustará a la Función Ejecutiva”, sentenció.

En cuanto a la restricción del uso del régimen especial en la contratación estatal, Silvana Vallejo, titular del Servicio Nacional de Contratación Pública, explicó que esta iniciativa permitirá transparentar los procesos y eliminar los llamados «proveedores únicos».

Además, generará un ahorro -en 2018- de entre $ 150 millones y $ 200 millones. Hasta finales de 2019, el rubro se incrementaría a $ 400 millones. “Vamos a implementar un proceso masivo de capacitación, en el cual se certificará a los funcionarios públicos encargados de las contrataciones de las entidades”, explicó Vallejo.