El Gobierno estudia las alternativas para enfrentar la situación que dejó el terremoto. Hasta el momento el país cuenta con créditos de contingencia que completan los 600 millones de dólares.

El financiamiento proviene del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, que son las instituciones que proveerán este ingreso económico.

La intención del Régimen es institucionalizar la ayuda humanitaria que se destina a los damnificados por el terremoto, a través de política pública que comprenda al sector productivo y el de seguridad. Además de una ley que permita mediante una carga tributaria solidificar las provincias de Manabí y Esmeraldas.

La reactivación comercial, productiva, empresarial, económica y laboral son prioridades para el Gobierno y la planificación que se implementé a raíz de las secuelas que dejó el terremoto y, se articulará con la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Ciudadana por las Afectaciones del Terremoto que será aprobada por las Comisión de Régimen Económico de la Asamblea.

Las medidas también comprenderían la reestructuración y flexibilización de pagos de deudores, condonación de intereses, acceso a crédito, fondos para la reactivación productiva, medidas de incentivos para las empresas y donaciones, así lo anunció el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad. /AD El Ciudadano